Los grandes ayuntamientos han incrementado con fuerza la presión fiscal sobre sus ciudadanos para hacer frente a la caída de sus ingresos. Ceuta, Melilla y las 50 capitales de provincia españolas recaudaron el año pasado más de 3.000 millones de euros gracias al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre propiedades urbanas y rústicas.
Según los datos de la Dirección General del Catastro, esto supone una subida del 9,9% respecto a los 2.733 millones que ingresaron en 2007. Lo peor, además, es que la carga fiscal que se impone a la vivienda está aumentando siete veces más rápido que la inflación.
Frente a la fuerte subida de los ingresos por el IBI -teniendo en cuenta la cuota líquida, es decir, lo que los ciudadanos tienen que pagar-, en 2008, el IPC registró un aumento de sólo el 1,4 %, lo que ha provocado ya numerosas protestas en muchas poblaciones por parte de plataformas ciudadanas y organizaciones de consumidores.
La subida, sin embargo, no es equitativa y mientras que en algunas ciudades superó incluso el 20%, en otras apenas experimentó cambios. Los ayuntamientos que registraron un mayor incremento de la recaudación fueron Melilla (27%); León (26,4%); Madrid (24,7%); Ávila (20,8%); y Salamanca (19,9%). En el polo opuesto quedan Huelva, que redujo sus ingresos un 0,08%; Ceuta, donde no hubo cambio alguno, y Santa Cruz de Tenerife, con una subida de tan sólo el 0,3%.(Fuente:eleconomista)
La verdad es que es conocido por todos las dificultades económicas que atraviesa el país y el déficit público que tenemos. El Gobierno y en este caso la Administración Local está tomando medidas no muy acertadas ya que según la Ley de Haciendas Locales, son los ayuntamientos los que deben fijar el tipo de gravamen que se aplica al IBI, y si la gente no puede ni pagar las hipotecas, como se puede hacer una subida del IBI en vez de mantenerlo o incluso bajarlo, por ejemplo, para aliviar las cargas de las familias. Si lo que se trata es de recaudar y sanear las cuentas públicas, creo que deberían empezar por ellos mismos, bajando los sueldos de determinados puestos públicos, sobre todo los puestos de libre designación que no son en muchos casos ni funcionarios de carrera.
Camino a seguir: contención del gasto y generación de empleo y por supuesto no incrementar las cargas fiscales ya que lo único que provocan es la evasión fiscal más todavía.
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